El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, se reunió este martes con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y planteó formar “un equipo de coordinación” para hacer cumplir las recomendaciones del GIEI y se aplique justicia por las graves denuncias de violaciones a los derechos durante el “paro indefinido” de los cívicos en Santa Cruz.
Salazar informó que de la reunión participaron representantes de las masacres de Senkata, Sacaba y la zona sur de La Paz de noviembre de 2019 y del “paro indefinido” de entre octubre y noviembre de 2022, convocado por cívicos en Santa Cruz.
En la reunión, explicó, se planteó la formación del equipo de coordinación para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, grupo que investigó los hechos de violencia y muerte ocurridos antes, durante y después de la crisis de 2019.
También propuso que recomiende al Estado boliviano la aplicación de la Ley de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política para las víctimas del golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Añez.
Salazar informó que en la cita también se demandó hacer seguimiento para que se haga justicia para las víctimas del paro cívico de 36 días, convocado por el ahora encarcelado excívico y gobernador Luis Fernando Camacho y cívicos como Rómulo Calvo.
En esas jornadas se reportaron cuatro muertos y una serie de violaciones a los derechos humanos, por parte del grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
La comisión de la CIDH se reunirá este miércoles con operadores del Órgano Judicial.
