La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró este domingo que si no se aprueba la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, habrá limitaciones al comercio exterior y la banca boliviana quedaría bajo sospecha porque Bolivia podría ingresar a la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“El momento en el cual no se tenga una norma adecuada a los estándares internacionales y entremos a unas listas grises, se deberá responder seguramente ante sectores de los empresarios, que tengamos mayores limitaciones para no hacer comercio exterior, se tendrá que justificar por qué el sector financiero va a tener que cumplir ciertos tipos de sospechas ante la comunidad internacional, porque vamos a convertirnos en un país de riesgo, entonces el daño que se está haciendo no solamente en mentir a la población, sino a nivel internacional, es grande”, declaró al canal estatal.
Anunció que mientras en el país se discuten los alcances de la ley en la Asamblea Legislativa, viene en noviembre el acuerdo internacional para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, donde Bolivia y cada país serán examinados según el nivel de cumplimiento de las recomendaciones para adecuar la normativa nacional a estándares internacionales.
Explicó que el proyecto de ley está siendo adecuado al estándar internacional para que el país no se vea perjudicado al ser considerado de alto riesgo, por no tener suficientes medidas jurídicas al proteger a la sociedad.
Aclaró que al menos en Bolivia, se trata de perseguir a los “peces gordos” que manejan organizaciones criminales y que se asienten en el país y financien actividades ilegales.
Morales aseguró que a la fecha no existe ningún tipo de modificación en cuanto a nuevas investigaciones, por ejemplo, a comerciantes, gremiales, artesanos, transportistas o carniceros porque la norma ya estaba vigente y en ningún momento la UIF ha investigado a gente que está vendiendo en los mercados.
Precisó que la ley sirve para investigar a personas que tienen vinculación con delitos, cuyo dinero está siendo obtenido a partir de asesinatos, secuestros, extorsión, narcotráfico, corrupción y trata de personas; no para investigar a la gente que trabaja para llevar diariamente el pan del día a su casa.
Lamentó la acción de sectores opositores que en forma «totalmente engañosa» desinforman a la población.
