El gobierno a través de la Procuraduría dice que el Decreto sobre el Covid-19 no amenaza la libertad de expresión

Radio Boliviana

Sharing is caring!

Human Rights Watch denunció que el DS 4200 atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que desmiente a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) y afirma que el Decreto Supremo 4200, que emitió el Gobierno de Bolivia en la lucha contra el Covid-19,no amenaza la libertad de expresión en el país.

Según la Procuraduría, se realizó un “análisis jurídico minucioso” a las observaciones que había denunciado la HRW y concluyó que el Decreto 4200, especialmente en su artículo 13, “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos”.

La instancia estatal, en ese sentido, justifica su posición en cuatro puntos referidos al mencionado Decreto: La finalidad de la norma es la prevención de desinformación y no la restricción a la libertad de expresión; La prevención de desinformación en temas de salud en un estado de emergencia sanitaria es convencional y constitucional; la norma  no establece nuevos delitos ni sanciones penales; y que la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia.

El pasado 7 de abril, Human Rights Watch denunció que el DS 4200 atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“El debate público es el mejor antídoto contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar a quienes hacen críticas”, agregó.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

En ese sentido, HRW advierte que el decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como “desinformación” o como actos que “generen incertidumbre a la población”.

“Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, señaló Human Rights Watch.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Next Post

La cifra de muertes por coronavirus en EE.UU. supera los 16 mil

Hasta este jueves, EE.UU. ha registrado 16.267 fallecimientos provocados por el covid-19, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo, las infecciones con coronavirus en el país han alcanzado los 454.304 casos, mientras que 24.962 personas han logrado recuperarse de la enfermedad. En términos de casos confirmados, EE.UU. sigue siendo el país […]