El presidente Evo Morales anunció que durante un año se socializarán y debatirán los contenidos del nuevo Código del Sistema Penal (CSP) para identificar los artículos que afectarían a algunos sectores y modificarlos si es necesario.
La decisión la comunicó luego de una reunión con los dirigentes de las organizaciones sociales que integran la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), en la que analizaron la coyuntura política del país, centrada en algunos reclamos para abrogar el CSP.
“Desde este momento nos damos plazo de un año para socializar y debatir los artículos cuestionados por movimientos sociales o grupos de profesionales”, anunció Morales en una declaración a la prensa, en el hall del Palacio de Gobierno.
Desde el conflicto médico, que duró 47 días, en demanda de la derogación del artículo 205 del CSP, que penaba la mala praxis médica, y que se logró, otros sectores, como los transportistas, gremios periodísticos, movimientos religiosos, mujeres y la Central Obrera Boliviana (COB) cuestionaron los contenidos de la nueva norma, promulgada el 15 de diciembre de 2017.
Si bien las observaciones eran puntuales, en algunas ciudades, como Santa Cruz, El Alto, La Paz, Potosí, entre otras, se realizaron protestas para pedir la abrogación del CSP, que debía regir en un plazo de 18 meses.
Al evaluar estos reclamos, el Jefe de Estado negó que en Bolivia haya convulsión, “lo que hay es una conspiración de grupos de la derecha contra nuestra Revolución Democrática Cultural”.
Dijo que para estas movilizaciones se emplea la mentira, como se hizo contra la Asamblea Constituyente, para impedir la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
“Nos decían: ‘si se aprueba la Constitución, el Gobierno iba a quitar, si una familia tiene dos casas’. Una casa íbamos a quitar. (Dijeron) que las herencias no estaban garantizadas, que haríamos cerrar las iglesias católicas y evangélicas, más bien con la nueva Constitución hemos reconocido todas las organizaciones religiosas en Bolivia”, afirmó.
Como consecuencia, indicó que al igual que en esa ocasión se tejen mentiras contra el CSP, como aquella que “si un hermano no paga impuesto de su casa, el Gobierno va a quitar su casa” y que “por orar irán a la cárcel”.
Morales señaló que “si de verdad algún artículo (del CSP) afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”.
La Central Obrera Boliviana (COB) consideró tardía la propuesta del Jefe de Estado, mientras que legisladores de la oposición señalaron que sólo busca desactivar las protestas.
El ministro de la Presidencia, René Martínez, advirtió que de continuar las protestas, éstas sólo confirmarían un afán conspirativo contra el Ejecutivo.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la propuesta del Presidente no está circunscrita sólo a algunos artículos, sino a todo el CSP, y que de esa labor de revisión se encargará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
De hecho, la ALP presentará en las siguientes semanas un método de trabajo para recibir las observaciones, indicó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
El Jefe de Estado dijo que este ciclo de debate culminaría con un Gran Encuentro Nacional sobre el Nuevo Código del Sistema Penal.
