El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez debe ser juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades, por la masacre perpetrada en Senkata en noviembre de 2019.
Familiares de las víctimas plantearon la demanda penal en contra de Áñez, por la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala durante la intervención policial-militar a una protesta vecinal en ese 19 de noviembre.
El juez Marco Amaru presidió la audiencia virtual de este martes y rechazó que el caso sea tramitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional como juicio de responsabilidades, como exige la defensa de la exsenadora, informó el canal estatal Bolivia Tv.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó el 19 de enero que ante el bloqueo de la oposición, pese a sus compromisos, se solicitó a la Cámara de Senadores que los antecedentes de la proposición acusatoria planteada contra Áñez para un juicio de responsabilidades en el Legislativo sean devueltos al Tribunal Supremo de Justicia.
La solicitud -recordó- fue aceptada y los documentos fueron devueltos el año pasado, por lo que ahora la única alternativa para dar justicia a las víctimas es en la vía judicial.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil de El Alto “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.
La base central de la acusación en contra de la exsenadora es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, donde también se registraron más de una decena de personas fallecidas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata y en Sacaba.
Áñez ya cuenta con una sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II o la toma de la Presidencia del Senado, que le luego le permitió hacerse del poder. También es procesada penalmente por designar de forma irregular a una de sus familiares como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
