Javier Milei devaluó el peso más de un 50% y encendió la motosierra. El Gobierno ultraderechista de Argentina anunció la paralización de nuevas licitaciones de obra pública, el despido de todos los funcionarios que lleven menos de un año en sus funciones, la reducción a partir de febrero de los subsidios a la energía y al transporte y una drástica bajada de las transferencias de fondos federales hacia las provincias. El presidente del país sudamericano quiere recortar unos 20.000 millones de dólares el gasto público, una suma equivalente al 5% del PIB, y lo hará lo más rápido posible. “No hay plata”, repitió el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar las primeras medidas económicas en un mensaje grabado que leyó en un papel.
El tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 820, una devaluación súbita del 51%. El valor pone fin a la ficción del valor que sostuvo el Gobierno de Alberto Fernández a través de múltiples restricciones cambiarias, pero no libera el mercado de cambios ni elimina la brecha con las cotizaciones alternativas que coexisten en Argentina, que superan los 1.000 pesos por dólar. El miércoles se verá la reacción de esos tipos de cambio que se mueven sin control del Estado.
Devaluar en una economía que lleva años de controles de precios y cepo cambiario sin un plan paralelo que contenga la subida de los precios puede ser un remedio muy peligroso. El plan supone que será la recesión económica, con el consiguiente derrumbe del consumo y la paralización de empresas, la que ponga un freno a las remarcaciones de precios. La escalada se aceleró desde el lunes, a la espera de las medidas económicas prometidas por Milei.
Otros sectores, en cambio, quedaron semiparalizados a la espera de conocer el valor del tipo de cambio oficial. Es el caso del de la construcción, donde los proveedores hace más de una semana que ponen excusas a los clientes para evitar venderles materiales.
Arranque desorganizado
Las medidas económicas iban a anunciarse el lunes, pero se pospusieron al martes. El mensaje se grabó a media tarde y estaba previsto que se retransmitiese a las cinco. El Gobierno envió un enlace con la web de la retransmisión, pero a pocos minutos de la hora anunciada, ese enlace dejó de funcionar. La grabación fue finalmente emitida con dos horas de retraso.
Durante los primeros 10 minutos, Caputo dio una clase de economía liberal. Atribuyó todos los males de Argentina a su “adicción al déficit fiscal”, es decir, a gastar más de lo que ingresa y repitió la amenaza hecha por Milei en su discurso inaugural: puede haber una hiperinflación del 15.000% en caso de no hacer un ajuste fiscal drástico. “Imaginemos que la leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, dijo el ministro en la larga introducción.
A continuación, anunció una batería de 10 medidas. Además de la devaluación, la que tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los argentinos será la reducción de los subsidios al transporte público, la luz, el gas y el agua. El poder adquisitivo de muchas familias ha caído en picado desde 2018 y afrontar ese nuevo gasto no será nada fácil. También van a estar en apuros muchas provincias si dejan de recibir fondos nacionales, otra de las medidas anunciadas.
La motosierra de Milei se dirigirá hacia el Estado. Caputo avanzó que no se renovarán los contratos laborales de funcionarios que tengan menos de un año de vigencia. El lunes ya se anunció que se haría una revisión exhaustiva de los contratos de los trabajadores de la Administración nacional. El empleo público supone alrededor del 18% del empleo total de Argentina, aunque durante la pandemia de covid-19 ascendió al 20%, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Se trata de un porcentaje muy superior al de otros países de la región como Chile (12%) o México (13%). En Argentina, las tres administraciones —nacional, provincial y municipal— suman casi 3,5 millones de trabajadores.
