Ante la presión de las protestas que exigen el adelanto de los comicios, el Parlamento peruano aprobó un proyecto de ley que permitirá realizar las elecciones generales en abril de 2024.
En medio de la crisis política por la que atraviesa Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, el poder legislativo tomó una decisión que satisface una de las principales demandas de las manifestaciones que suceden en el país desde el pasado 7 de diciembre.
La marcha atrás del Congreso ocurre después de la constante presión de todos los estamentos sociales movilizados en el país, cuando las cifras de víctimas por la represión estatal a las protestas ya suman 26.
El 16 de diciembre, el pleno del Congreso rechazó el proyecto impulsado por el congresista Hernando Guerra, de la bancada de Fuerza Popular, el cual planteaba adelantar los comicios.
Sin embargo, posteriormente se acordó volver a votar el proyecto.
El proyecto busca acortar los mandatos de los actuales Legislativo y Ejecutivo, que empezaron en julio de 2021 y deberían concluir en el mismo mes de 2026.
Además, la iniciativa implica una reforma a la Constitución y propone celebrar elecciones en abril de 2024 para que un nuevo presidente y nuevos miembros del Parlamento asuman sus cargos en julio de ese año.
Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá pasar por una segunda votación en otra legislatura, en la que deberá obtener 87 votos a favor como mínimo para quedar firme la decisión.
Desde el 10 de diciembre, fuertes protestas ciudadanas empezaron a darse en diversos departamentos del país, creando un clima de grave crisis social. Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales.
La crisis se desató luego de que el 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) intentara disolver el Congreso, estableciendo un «Gobierno de excepción». Pero los legisladores se adelantaron, hicieron una votación y lo depusieron del cargo, acusándolo de rebelión. En su lugar fue nombrada, por sucesión constitucional, Dina Boluarte.
