Narcotraficante Marset ya estaría en Brasil, no hubo cierre de fronteras lo dejaron escapar, dice portal de Pando

Radio Boliviana

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Según un mapa del desplazamiento policial que el ministro del Castillo presentó el martes, con 158 puestos de control, apenas ocho se han montado sobre la frontera con Brasil que abarca una franja de 3.400 kilómetros de longitud. 

El empresario uruguayo Sebastián Marset Cabrera, prófugo de la justicia paraguaya que migró al país en febrero de 2022 con pasaporte uruguayo y una visa de residencia permanente emitida en diciembre de 2021, bajo la gestión del actual ministro Eduardo del Castillo, ha logrado cruzar la frontera entre Bolivia y Brasil gracias a una logística organizada por el Primeiro Comando Capital (PCC), organización brasileña que abrió un corredor fronterizo para evacuarlo, aseguró a Sol de Pando una fuente cercana al Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP).

Marset portaba un documento de identidad brasileña que había utilizado dentro el país para habilitarse como jugador de fútbol en el campeonato de la Asociación de Santa Cruz, bajo el nombre de Luis Paulo Amorim Santos. El Catastro de Persona Física (CPF, equivalente al Carnet de Identidad) tiene fecha del 4 de abril de este año 2023 y fue supuestamente emitido en el Estado de Pernambuco. Le fue enviado por sus contactos del PCC en Brasil. El PCC también facilitó un CPF para Diego Nicolás Alba Marset, hermano de Sebastián, con sello del Estado de Paraná.

Sabemos que para cruzar la frontera con cualquier país vecino no se necesita pasaporte, es suficiente la cédula de identidad que en Brasil se conoce como CPF. Y como el nombre de Luis Amorim no figura en la notificación roja de Interpol, con seguridad Marset ha atravesado tranquilamente todos los retenes en ese país”, afirma el experto y ex miembro del CEIP.   

El PCC habría tomado en sus manos el rescate de Marset, además con la colaboración de grupos locales del narcotráfico. “O lo evacuaban lo más rápido posible, o se agarraban a tiros con la policía boliviana” —observa el entrevistado—, “esas eran las únicas opciones que quedaban a consecuencia de haberle permitido operar en Bolivia haciendo la vista gorda, a pesar de la alerta roja de Interpol”.

En casos similares, que se dieron especialmente en Paraguay durante los últimos diez años, el PCC activó un mecanismo para la evacuación de sus miembros en circunstancias extremas de persecución judicial. Existen rutas de escape hacia refugios dentro el territorio brasileño u otros países donde la organización posee infraestructura y contactos idóneos. “Funciona de un modo muy parecido a los programas de protección a testigos del FBI o la DEA. Te cambian la identidad, legal y físicamente, incluso te llevan en un submarino si vas a irte de Sudamérica a Europa, Asia o África, tienen la ventaja de que esas rutas son de su pleno dominio, por ahí mismo va la droga”, explica el entrevistado.

Su camino de huida al Brasil era inminente por varias razones. Una de ellas: su hijo menor es un niño nacido en ese país. Cuando estuvo preso en Emiratos Árabes Unidos —entre el 10 de septiembre y el 28 de diciembre de 2021— a causa de portar un pasaporte paraguayo falso, su esposa, la uruguaya Gianina García Troche, inició el trámite ante el consulado de Brasil en Dubai para que su hijo de 11 meses, de nacionalidad brasileña, pueda renovar su pasaporte de aquel país que estaba a punto de caducar, según información obtenida por Sol de Pando en una fuente del Servicio Nacional Antidrogas (Senad) del Paraguay.

No hubo cierre de fronteras

Según nuestro informante —un policía en servicio pasivo que aún mantiene contactos con la comunidad de inteligencia de su institución—, el Gobierno ha cometido “errores imperdonables” que derivaron en la fuga inminente de Marset. El principal error, no haber procesado las alertas que emitieron públicamente autoridades policiales y judiciales de Paraguay desde hace más de un año, sobre la evidente presencia del temible narcotraficante en Bolivia. A esa inacción por negligencia o corrupción, se sumó el error de no haber activado la intervención militar una vez que la policía fue rebasada e intimidada por la fuerza paramilitar del empresario mafioso, cuando sus milicianos brasileños —indudablemente soldados del PCC— hicieron gala de un sofisticado arsenal para cubrir la huida de su jefe, durante el fracasado operativo policial del 29 de julio. El apoyo de las Fuerzas Armadas habría implicado el cierre inmediato de las fronteras, lo cual no sucedió. No hubo ninguna coordinación entre los ministerios de Gobierno y de Defensa. “Era evidente que la situación planteada iba mucho más allá de un problema de seguridad ciudadana, estamos ante un resurgimiento global del narcotráfico en términos de una amenaza frontal a la seguridad nacional”, sostiene el investigador entrevistado por este medio.

Por su parte, el ex ministro de Gobierno Carlos Romero afirma haber recibido reportes provenientes de las zonas fronterizas con Brasil, como Puerto Suárez y San Matías, donde no se ha visto ninguna acción efectiva de control fronterizo con el fin de capturar al prófugo, ni de la Policía ni de las Fuerzas Armadas y mucho menos de la Fuerza Aérea Boliviana. “Si Marset ha cruzado algunos de los puntos fronterizos con Brasil o con cualquier otro país vecino, lo habrá podido hacer con absoluta comodidad”, comentó el ex Ministro a Sol de Pando.

En su conferencia de prensa del pasado martes, el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo informó que alrededor de 3.000 policías y agentes de inteligencia están movilizados en todo el territorio nacional para cazar al pez gordo, habiendo realizado durante los primeros tres días de la persecución 1.355 operativos en “hoteles, alojamientos y fronteras”. El Ministro mostró un mapa de Bolivia focalizando el despliegue policial en 158 puntos de control, casi todos concentrados en el interior del país y muy pocos en las zonas fronterizas, con un despliegue mayor hacia la frontera con Perú (alrededor de 30 puestos) y nada hacia la frontera con Chile.  Según el mapa del ministro del Castillo, apenas ocho puestos de control se han montado sobre la frontera con Brasil, cinco en Pando y tres en Santa Cruz.

Era previsible que Marset buscase una salida hacia territorio brasileño, un dominio infranqueable del Primeiro Comando Capital.

Bolivia y Brasil comparten frontera sobre una franja con más de 3.400 kilómetros de longitud, abarcando los departamentos bolivianos de Pando, Beni y Santa Cruz frente a los estados brasileños de Acre, Rondonia y Mato Grosso. Marset pudo atravesar por esta inmensidad desguarnecida, encaminándose sin prisa hacia algún santuario seguro del PCC en el vasto territorio brasileño.

Apoyo logístico de los clanes Nallar y Lima Lobo

Asimismo, según el investigador policial consultado por Sol de Pando, el uruguayo oculto en Santa Cruz habría recibido apoyo logístico para su fuga por parte del grupo de Misael Nallar y la familia Lima Lobo, con quienes Marset mantuvo estrechas relaciones comerciales —estima el CEIP— al menos desde el año 2019. Se afirma que también estrechó amistad con el entonces Alcalde de Warnes, Mario Cronembold, compartiendo una mutua afición por el fútbol.

Los Lima Lobo son señalados como quienes facilitaron la obtención de un carnet de identidad y un pasaporte bolivianos para el narcotraficante uruguayo en Santa Cruz, otorgados en abril de 2019, suplantando la identidad de un ciudadano del Beni llamado Gabriel de Suoza Beumer. En ese momento, Marset tenía su residencia permanente en Asunción, desde donde controlaba los embarques de la cocaína boliviana con destino a Europa y África, a través de una ruta binacional que conecta la hidrovía del Paraná con el puerto de Montevideo.

Para su llegada a Bolivia en febrero de 2022, huyendo de la justicia paraguaya, los mismos grupos de Nallar y Lima Lobo —en coordinación con personal del Ministerio de Gobierno a cargo de Eduardo del Castillo— le procuraron una visa de residencia emitida el 11 de diciembre de 2021 por la Dirección de Migración en Trinidad, fecha difundida recientemente por el Fiscal de Distrito del Beni, Félix Balderas. La visa se entregó a un emisario enviado a Santa Cruz por Marset, ya que el prófugo se hallaba aún preso en Emiratos Árabes Unidos a la espera de su liberación. Estaba en prisión por causa de un pasaporte paraguayo falsificado, y sólo un pasaporte auténtico podía redimirlo ante la ley árabe. Luego de obtener el pasaporte uruguayo que lo excarcelaría, mediante un trámite ante el consulado de su país en Dubai, Marset fue absuelto recién el 28 de diciembre de 2021.

La Fiscalía paraguaya estableció que la red de Marset traficó más de 21 toneladas de cocaína mayormente boliviana (peruana en menor cantidad) por un valor que supera los 500 millones de dólares, entre los años 2020 y 2022. La investigación señala que cada kilo de la droga era vendido por el grupo a un valor que va desde $us 12.000 hasta $us 14.500 en África; el precio de venta subía a entre $us 20.000 y $us 25.000 en Europa. En Bolivia, los proveedores nativos entregan la cocaína cristalizada a un precio que oscila entre los 2.000 y 3.000 dólares por kilo.

Matando por un pasaporte

El nombre de Sebastián Marset surgió oficialmente en los expedientes bolivianos a raíz del asesinato de tres policías a manos de Misael Nallar Viveros y su banda, perpetrado en la zona de Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio de 2022, cuando el uruguayo ya se encontraba viviendo en Bolivia con la respectiva visa de residencia permanente.

En enero de este año, varios medios de circulación nacional como Los Tiempos y El Deber informaron que Misael Nallar Viveros, según la investigación realizada por la Senad, “mantuvo nexos financieros con Reina Mercedes Duarte, ‘Merchi’, considerada testaferro y mano derecha de Sebastián Marset, jefe de la red de narcotráfico Insfran de Paraguay, quien ordenó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”. Mercedes Duarte fue encarcelada el 16 de marzo de 2022, como parte del operativo A Ultranza Py que se había iniciado el 23 de febrero de 2022 con una ola de detenciones e incautaciones, tras 27 meses de un riguroso trabajo previo de Inteligencia alrededor de los esquemas de tráfico y lavado dirigidos por Marset, lo cual le obligó a dejar su glamorosa vida en Asunción.

Aterra descubrir que Sebastián Marset ordenó el asesinato del fiscal Pecci desde Bolivia. El crimen ocurrió el 10 de mayo de 2022, casi un mes antes de los asesinatos de Porongo. En los corrillos policiales del Paraguay es un secreto a voces que Marset y su grupo sobornaron a ese Fiscal encargado del Ultranza Py, buscando impedir el enjuiciamiento de los investigados; Pecci se apartó del caso y dejó que otro Fiscal persista en la persecución. Con el dinero del soborno, Marcelo Pecci se fue de luna de miel a una paradisiaca playa en Colombia, donde el PCC lo ajustició mientras tomaba sol, por encargo de Marset.    

Marset y su familia se instalaron formalmente en Bolivia en febrero de 2022, tras ser absuelto en Emiratos Árabes Unidos por lo del pasaporte paraguayo falso, absolución que se dictó el 28 de diciembre de 2021 gracias que pudo obtener un pasaporte uruguayo genuino.

El incidente del pasaporte paraguayo fue otro asunto que hizo perder los estribos a Marset, llevándole a cometer un asesinato anterior al del Fiscal Pecci; quedaría en evidencia la aterradora capacidad de muerte del precoz jefe mafioso. Marset es capaz de matar por un pasaporte.

Un socio suyo, el empresario Mauricio Schwartzman, era un exportador de manufacturas de cuero y madera que usaba para camuflar enormes embarques de cocaína, pero además, según el periódico paraguayo Última Hora, “se lo vincula con la mafia policial para conseguir cédulas de identidad y pasaportes para los integrantes de la organización criminal”. En esa función le tramitó el pasaporte a Marset, con el cual saldría a Turquía y Grecia haciendo escala en Emiratos Árabes. Previamente, Sebastián se casó contractualmente con una paraguaya de 45 años llamada Sonia del Valle, oriunda de Capiatá, a quien abandonó luego de obtener su cédula de paraguayo naturalizado. Cuando abordaba en el aeropuerto de Dubai para partir a Atenas, junto a su hermano, su esposa uruguaya y sus hijos, un funcionario árabe, según la crónica publicada por El Observador, “pasó entre sus dedos la página de datos del pasaporte paraguayo, sintió la mala calidad y la diferencia respecto a otros documentos. El pasajero pasó al área de Inspección de Documentos, que concluyó que ‘el pasaporte era falso por haber cambiado la página original de datos’«. Dos días después, el 12 de septiembre de 2021, Mauricio Schwartzman, culpable del pasaporte falso y del encarcelamiento de Marset, moría acribillado en la puerta de su domicilio en Asunción, a manos de un comando del PCC, con 14 disparos a quemarropa. La Senad no pudo probar la autoría intelectual de Marset, pues se hallaba a miles de kilómetros de la escena del crimen, encarcelado en Dubai. Sin embargo, algunos meses después, la Unidad de Inteligencia Sensible de la Senad interceptó una conversa telefónica de Mercedes Duarte y se la escuchó decir que “el jefe mayor venía acumulando cosas en contra de Mauricio, la detención por causa del pasaporte ya fue el colmo y tuvo que pagar con su vida”. En ese ajuste de cuentas, Marset también le había cobrado a Mauricio Schwartzman alguna vieja estafa que no olvidó. Marset resultó ser implacable con quienes le sacan plata y no cumplen lo pactado.

El escándalo consular del pasaporte uruguayo

Para salir de la cárcel árabe, Sebastián necesitaba acreditar un pasaporte en regla. El pasaporte boliviano del 2019 no le servía porque estaba a nombre de un beniano. Necesitaba uno de su país de nacimiento, Uruguay.

En 2019, cuando los Nallar y Lima Lobo le tramitaron la identidad boliviana como Gabriel de Souza Beumer, intentó obtener un pasaporte uruguayo con su nombre real, pero el consulado de Uruguay en Santa Cruz rechazó el trámite debido a su antecedente penal de encarcelamiento en 2013 por traficar marihuana, cuando tenía 21 años.

En 2020 intentó el mismo trámite en el consulado uruguayo de Asunción, le volvieron a negar con el mismo argumento del consulado en Santa Cruz.

El tercer intento, en el consulado de Dubai, fue más afortunado, pero también más costoso. Se estima que habría gastado más de 10 millones de dólares para sobornar a funcionarios claves del gobierno de Montevideo. La consulesa uruguaya en Dubai, Fiorella Prado, se puso a disposición del abogado de Marset, Alejandro Balbi, y realizó una hábil maniobra para viabilizar el pasaporte: anuló el trámite iniciado en Santa Cruz, con lo cual también quedó anulado el antecedente penal de 2013.

El 24 de noviembre de madrugada, Prado le mandó un audio de WhatsApp a Balbi y le contó que ya había resuelto el ‘problemita’ que obstaculizaba el trámite”, reveló una investigación del semanario Búsqueda. Desde Montevideo, la Cancillería y el Ministerio del Interior certificaron la “prescripción” de ese antecedente penal. Finalmente el pasaporte fue emitido el 28 de octubre de 2021. En base a ese documento fue absuelto y liberado exactamente dos meses después, el 28 de diciembre.     

El prófugo llegó a Bolivia munido de ese pasaporte uruguayo que le entregó generosamente la Cancillería de Montevideo; fue una controvertida decisión que desató una crisis política sin precedentes en Uruguay, rodaron varias cabezas menos la del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien fue el principal promotor para la entrega de ese pasaporte que facilitó la radicatoria de Marset en nuestro país.

Expedita visa boliviana para un preso en Dubai  

Lo sorprendente del caso, es que en Bolivia la visa de residencia ya estaba firmada por las autoridades migratorias del país el 11 de diciembre de 2021, 17 días antes de la excarcelación de Marset en Dubai, la absolución fue dictada el 28 de diciembre.

Sucedió lo siguiente: Una vez emitido el pasaporte uruguayo el 28 de octubre, Montevideo lo entregó al abogado de Marset 48 horas después, bajo presión de las propias autoridades árabes que el 25 de octubre habían trasladado al prisionero a la cárcel de máxima seguridad Al Wathba, ubicada en las afueras de la ciudad de Abu Dabi. Una vez recibido su nuevo pasaporte, Marset envió hacia Bolivia a su abogado Alejandro Balbi trayendo una copia legalizada del documento, para tramitar la respectiva visa de residencia.

El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, oculta deliberadamente la llegada de Balbi a Bolivia y las reuniones que el abogado sostuvo con autoridades de alta jerarquía contactados por los Lima Lobo en tres ciudades del país (La Paz, Santa Cruz y Beni), para allanar la llegada de su ilustre cliente. Carlos Romero, el ex Ministro de Gobierno, está convencido que la directora distrital de Migración en el Beni, Andrea Miranda Sosa, y el  encargado de Extranjería y Filiación, Rinat León Sueiro, agilizaron la visa para Marset bajo conocimiento inexcusable del actual Ministro de Gobierno. “Resulta incomprensible que Andrea Miranda, jefa de Rinat Sueiro, no estuviera al tanto de esos trámites en favor de Marset gestionados nada menos que desde una cárcel de Emiratos Árabes, y que no haya reportado de semejante situación a la Máxima Autoridad Ejecutiva del área, es decir al Ministro de Gobierno”, dijo Romero a Sol de Pando. El ex ministro recuerda que Miranda y Sueiro militan en la agrupación “Columna Sur” liderada por del Castillo.

El gobierno del Uruguay sabía con antelación que Sebastián Marset había decidido migrar a Bolivia tras salir de la prisión árabe, pero los uruguayos ocultaron esa información clave a los paraguayos. Según el periodista Mauricio Pérez, del semanario Brecha, cuando el pasaporte uruguayo se encontraba tramitándose en Dubai, “la sección consular amplió la información tras un contacto directo con su esposa. Marset fue detenido cuando pretendía viajar junto con su hermano rumbo a Grecia, para trasladarse posteriormente a Bolivia”. La consulesa Fiorella Prado le preguntó a Gianina García Troche por qué motivo no habían obtenido anteriormente el pasaporte uruguayo, a lo cual la mujer de Marset “contestó que tenía intenciones de hacerlo ante la sección consular de Bolivia en un futuro. Y comentó que estaban tramitando el Certificado de Antecedentes Judiciales, ya que, aunque cumplió pena de cárcel por delito de narcotráfico por varios años en Uruguay, la causa ya está cerrada”.

Con plena certeza, Sebastián Marset, su parentela y su Primer Comando Uruguayo (PCU, la sección rioplatense del PCC), llegaron trayendo todos sus bártulos a Bolivia en febrero de 2022, con la visa de residencia permanente esperándole en bandeja de plata. Después de haber sido liberado el 28 de diciembre de 2021, Marset aún se movió durante casi un mes entre los Emiratos Árabes, Turquía y Grecia con la libertad de acción que le permitía su flamante pasaporte uruguayo, intentando realizar algunas inversiones de lavado en esos países, y quedarse allí si fuera preciso. “Para el 15 de febrero, el narco uruguayo ya estaba libre en Dubái, y su abogado diría al consulado uruguayo que la intención de su cliente era ‘quedarse residiendo en la ciudad’, para lo que empezaría a tramitar una ‘visa de residencia’”, decía la crónica de El Observador.

Entre varias oscuridades que rodean esta historia, el Ministro de Gobierno debe aclarar al país qué día exactamente del mes de febrero de 2022, y con qué pasaporte, llegó Sebastián Marset a Bolivia para convertir nuestro país en su refugio seguro.

A los pocos días de su radicatoria en Bolivia, el 3 de marzo de 2022, a solicitud de Paraguay, Interpol lanzó la notificación roja que lo pone entre los más buscados del mundo. La alerta roja abarcaba la doble identidad del prófugo: su real identidad uruguaya con el nombre de Sebastián Enrique Marset Cabrera, y su falsa identidad boliviana como Gabriel de Souza Beumer.

Carlos Romero, quien fue Ministro de Gobierno en gran parte de la gestión de Evo Morales, se pregunta: “¿Cómo es posible que la Dirección de Migración, que le dio una visa express al Marset real en diciembre de 2021, no tomó ninguna acción cuando se conoció el sello rojo de Interpol en marzo del 2022?

Las incoherencias premeditadas del Ministro de Gobierno

El 18 de agosto del 2022, el periódico Opinión de Cochabamba fue el único medio boliviano que había difundido un cable de la agencia EFE titulado: “Marset, narco uruguayo que usaba pasaporte boliviano”, mostrando la fotografía de dicho pasaporte (el mismo que le fue tramitado por la familia Lima Lobo en 2019 con el nombre del beniano Gabriel de Souza Beumer) y el rostro inconfundible del uruguayo. Dicha publicación no tuvo ninguna reacción por parte del Ministerio de Gobierno, mientras el prófugo ostentaba la gran fortuna que empezaba derramar en las calles de Santa Cruz, jugando fútbol transmitido por Facebook y haciendo intensa vida social.

La publicación de Opinión era una clara alerta local sobre la presencia de un prófugo requerido por la Interpol, y cuyo nombre ya corrió de boca en boca entre los policías bolivianos tras el triple asesinato de Porongo, en junio de 2022, cuando emergieron a luz los estrechos vínculos entre Misael Nallar y la banda de Marset a través de Reina Duarte.

¿Quién está borrando estas evidencias fundamentales del crimen organizado en Bolivia? Muchas miradas apuntan al general Jhonny Aguilera, mano derecha del ministro del Castillo y especialista en burdas operaciones de desinformación. Aguilera intentó impedir que Nallar sea juzgado por narcotráfico, sino sólo por asesinato, y ocultó el hecho de que el yerno de Einar Lima Lobo se encontraba bajo los efectos de la cocaína cuando ordenó acribillar a tres servidores policiales.

Acompañando la alerta roja de Interpol, los investigadores del  Paraguay hicieron llegar a sus colegas de Bolivia datos precisos sobre la identidad del prófugo, sus antecedentes y recorridos, además varias fotos sobre su rostro y contextura, enfatizando sobre los tatuajes en sus brazos y cuello que lo hacen inconfundible. Ya se sabía que vivía en Santa Cruz, era vox populi. “Los organismos de inteligencia bolivianos tenían esa información, la pusieron como es debido en conocimiento del Ministro de Gobierno y no pasó nada”, dice a Sol de Pando el vocero extraoficial del CEIP.

El Ministro de Gobierno intentó justificar por qué no se atendió con la prioridad del caso la alerta roja de Interpol, arguyendo que en marzo de 2022 Marset “no estaba en Bolivia” y que “llegó recién” este año 2023 con el nombre de Luis Amorim Santos.

Según del Castillo, la alerta roja de Interpol está apenas circunscrita a Sebastián Marset y Gabriel de Souza, pero no a Luis Amorim, que es la falsa identidad brasileña con la que el uruguayo habría “retornado a Bolivia” (después de 2019) recién en abril de este año, tras permanecer preso “dos años” en Dubai; por tanto no había a quien perseguir. La identidad brasileña, dijo en su conferencia de prensa del martes, “nunca fue buscada por ningún organismo internacional ni por ningún país de la región; las únicas identidades buscadas por Interpol y organismos especializados, eran la de nacionalidad uruguaya, que corresponde al nombre de Sebastián Enrique Marset Cabrera, y la de Gabriel de Souza Beumer de nacionalidad boliviana. Sólo la nacionalidad uruguaya y la nacionalidad boliviana estaban siendo buscadas por Interpol”. El registro brasileño, insistió del Castillo, “hasta este momento no tiene ninguna orden de búsqueda internacional”. Del Castillo no aclaró que la identidad brasileña le servía a Marset para habilitarse como jugador de fútbol en las canchas del país, nunca fue usado como pasaporte para ingresar a Bolivia.

En su colosal sarta de mentiras, el Ministro de Gobierno llegó al extremo de afirmar que su despacho conoció sobre el paradero de Marset en territorio boliviano, “recién en junio de este año”, durante una reunión de ministros del Mercosur en Buenos Aires. “Concluida esa reunión, se me acerca el Ministro del Interior de Uruguay (Heber, nr) manifestándome que un uruguayo probablemente estaba en Bolivia; allí el Ministro de Paraguay se compromete a enviarme los informes de Inteligencia que tenía, lo cual fue remitido recién el 23 de junio”, dijo del Castillo. Y agregó que “lamentablemente la información que nos presentó el Ministro de Paraguay era imprecisa”. Según del Castillo, los irresponsables paraguayos dieron a Bolivia un dato errado sobre la dirección domiciliaria del prófugo atrincherado en Santa Cruz.

Paraguay asegura que los informes se enviaron oficialmente desde febrero, incluso a través de una misión policial que llegó de Asunción a La Paz para dejar el expediente de la Senad en manos de la Policía boliviana.

Del Castillo no dice nada acerca de la visa de residencia permanente aplicada al pasaporte uruguayo de Marset el 11 de diciembre de 2021, desde la dirección de Migración del Beni. Si llegó recién en abril de este año, ¿cómo pudo adquirir cuantiosos bienes, varios vehículos de alta gama, construir una mansión y adquirir un sofisticado arsenal en tan sólo cuatro meses?

Una llave para su entrada al Brasil

El CPF con sello del Estado de Pernambuco y número E-17391224, que le da al uruguayo identidad brasileña con el nombre de Luis Paulo Amorim Santos, es un documento apócrifo tan bien faccionado que está registrado en el sistema biométrico brasileño. Fue procurado por el PCC a pedido de Marset. Tiene fecha de emisión del 8 de abril de 2023, y fue protocolizado ante la Embajada del Brasil en La Paz. El documento cumplía los requisitos formales para generar el Carnet de Extranjero, con vigencia de dos años, que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) emitió el 12 de abril “bajo los convenios del Mercosur”, según aclaró atinadamente la directora de ese organismo, Patricia Hermosa.

Aquella identidad brasileña le permitió al prófugo uruguayo participar sin obstáculos en la actividad futbolística, su incontenible pasión, pues no podría jugar en ningún equipo con los nombres de Sebastián Marset o  Gabriel de Souza que se hallan bajo la lupa de Interpol.

Además del CPF con el sello de Pernambuco, “Amorim” presentó ante las autoridades deportivas de Santa Cuz una certificación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que avalaba su condición de futbolista profesional. Según informó la red O Globo, en pasadas horas la Federación Boliviana de Fútbol envió un oficio a la Confederación Brasileña solicitando información        al respecto. La CBF respondió que dicha certificación es falsa y que “no hay ni hubo registros del nombre Luis Paulo Amorim Santos en su base de datos”, reportó O Globo.

Luis Amorim ya no lucirá más la casaca 23 del Leones de El Torno, castigado con el descenso tras develarse la verdadera identidad del delantero devoto de San Jorge, pero con seguridad el CPF que le permitió mostrarse en las canchas, le ha sido muy útil para cruzar la frontera tras romper con cierto esfuerzo financiero el previsible cerco extorsivo que le tendieron desde algún lugar de la cúpula estatal. Luis Amorim era también, por lo visto, un obvio plan B.

FUENTE: SOL DE PANDO

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